Pornografía en Internet federal

Los delitos informáticos más comúnmente perseguidos por el gobierno federal son las relacionadas y la distribución y posesión de pornografía infantil. Comunicación con menores con fines sexuales o enviando imágenes sexuales a menores por internet también se enmarca dentro de la jurisdicción federal. Los posibles castigos por estos delitos es a menudo muy severa, incluyendo hasta décadas de encarcelamiento, multas enormes y una vida virtual de estigma.

La ley federal prohíbe la posesión, recepción, distribución, copia o publicidad de las imágenes que contienen representaciones sexuales de menores. Además de imágenes reales de las personas menores de 18 años otras imágenes sexuales incluso que afirmen representar menores de edad también pueden ser calificado como pornografía infantile. Una condena por posesión de pornografía infantil puede resultar en una sentencia de 5 a 20 años de prisión y hasta a 40 años si ya han sido condenados antes de similar delito.

Envío de imágenes obscenas a un menor de edad, no necesariamente de la pornografía infantil, es penado con hasta 10 años de prisión bajo la ley federal, mientras que una convicción para atraer a un menor para producir pornografía infantil resultará en una sentencia de 15 a 30 años. Con una condena anterior, estas sentencias pueden ser significativamente más prolongadas. Además de encarcelamiento, ley federal prevé la confiscación de cualquier computadora o electrónicos utilizados en relación con la posesión de pornografía infantil, distribución, o la producción, así como multas criminales que van tan alto como $250.000. Registro como delincuente sexual y supervisión gubernamental tras su liberación es generalmente obligatorio. Las víctimas también pueden tener derecho a demandar por daños civiles.

Cuando un individuo está acusado de delito de pornografía infantil, una de las primeras líneas de defensa es desafiar cualquier búsquedas o las convulsiones que condujeron al descubrimiento de imágenes por aplicación de la ley. Donde ha descubierto pruebas de algún delito durante un registro sin orden judicial sin el consentimiento del dueño de la propiedad, es probable que la búsqueda ha violado la cuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Donde ha ocurrido tal violación de los derechos constitucionales, la supresión de todas las pruebas agarrada es una posibilidad real.

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